lunes 30 de noviembre de 2009

Contra el nacionalismo.

Según Isaiah Berlin hay que distinguir entre conciencia o identidad nacional y nacionalismo. La identidad nacional sería el conjunto de rasgos étnicos, culturales, etc, compartidos por un grupo social y el nacionalismo sería una inflamación patológica de una conciencia nacional herida. Es decir, la primera es una forma sana de identidad social mientras que el nacionalismo tiene un origen traumático y comporta agresividad y narcisismo. Digamos que el nacionalismo nace como resultado de un ataque, es decir, nos hace nacionalistas quien niega nuestra identidad nacional, nos persigue por causa de ella o pretende imponernos la suya. El nacionalismo en ocasiones ha servido para cosas buenas como para resistir a la explotación imperialista. En diversas zonas de Europa los nacionalistas pugnan por lograr una concepción más descentralizada y flexible del Estado moderno. Pero centrándonos en el nacionalismo vasco, este ha brotado del nacionalismo español y no va a suprimirse por decreto ni a fuerza de guardia civil. De nada sirve lamentarse como hacen algunos nacionalistas españoles de que los vascos no se sientan españoles. En mi opinión nadie se siente perteneciente a una nación por la fuerza: todo lo contrario. Yo no me siento español sino que me considero perteneciente o socio de una comunidad con vinculaciones afectivas y políticas, es decir, para sentirme español tendrían que prohibirme serlo, tendrían que marginarme o perseguirme por serlo, que es precisamente lo que les ha pasado a los vascos que se sienten vascos.
El único camino lógico para aliviar la inflación nacionalista vasca es que se respete plenamente la conciencia nacional vasca para que, de este modo, dejen de sentirse patriotas, cese su dolorido resentirse euskaldún.
Para conseguir esto hace falta eliminar el nacionalismo español para que deje de hurgar en la herida y reavivar el nacionalismo abertzale con el mismo veneno que lo creó. Así, por ejemplo, el mito de la sagrada unidad de España. La unidad de España puede ser conveniente, históricamente inevitable, políticamente práctica, pero nunca sagrada. No hay nada de sagrado en ella, es decir, de intocable y eterno.
En definitiva, toda nación es una convención humana, por lo tanto cambiante y no tiene nada de natural e irrenunciable como los nacionalistas piensan. Estos creen que el rasgo más importante del individuo humano es su afiliación nacional. Como decía Rabindranath Tagore: "La nación es un sistema de egoísmo organizado".
El nacionalismo vasco surge cuando la industrialización de Vizcaya atrae a trabajadores inmigrantes que rompen la homogeneidad cultural de la zona. Los nacionalismos se fundan sobre la oposición a los otros, es decir, adquiere su fuerza de convicción en la polémica contra los otros y no en el pacto. Esta necesidad de oposición y hostilidad nos conduce a la identidad fundamental de todo nacionalimso que es el enfrentamiento. Puede haber nacionalismos conciliadores y solidarios con los problemas de otros pueblos pero el mito de Nación es agresivo en su esencia misma y no tiene otro sentido que la movilización bélica.... La nación se afirma y se instituye frente a otras: su identidad propia brota de la rebelión contra o de la conquista del vecino.

Los nacionalistas creen que el derecho de autodeterminación va ligado a la fundación de un estado nacional independiente como si de una forma natural se tratase, es decir que naturalizan el Estado, en vez de ser una cosa convencional y deliberada por todos. A mi entender es el nacionalismo el que crea la nación y no la preexistencia de ésta la que origina aquel puesto que ni las costumbres, la etnia, el idioma, ni la historia compartida son por si mismas nacionales sino es el proyecto ideológico del nacionalismo el que selecciona los rasgos relevantes de todos los hechos para convertirlos en identidad, de manera que la identidad nacional llega a ser indiscutible e inevitable como si de un ser natural preexistente se tratase.

Como decía un pensador: todas las madres y todas las patrias nos quieren ver pequeños para que seamos más suyos. La diferencia es que la madre llora y acaricia; la patria detiene y castiga. Como dicen los nacionalistas: ''la patria hay que sentirla, quien no la discute no es bien nacido, su unidad es sagrada....'' pero la razón es individual y particular y cualquiera puede utilizarla sin esperar el permiso de nadie, es decir, la razón es la tarea del adulto y conviene mal al patriota....

El nacionalismo va unido a la militarización del Estado y de hecho muchos estados se formaron a través de los ejércitos. Por eso, en mi opinión el nacionalismo en general durará mientras dure el estado militarmente vertebrado al que sirve de ideología.

En mi opinión creo que la izquierda actual como la de Zapatero no deplora con suficiente intensidad la presente decadencia del internacionalismo pues ser internacionalista es estar convencido de que la división en naciones-que no tiene nada de natural- no hace sino impedir la emancipación humana y que el mito patriótico-nacional sirve siempre para legitimar en el poder a la oligarquía más despreciable. Por desgracia la izquierda actual de Zapatero se ha acomodado al lenguaje nacionalista y es el momento de recordar la doctrina clásica del internacionalismo progresista en un mundo de estados-naciones belicosos tal como lo exponía Isaac Deutscher en 1971: '' Los socialistas deben ser internacionalistas incluso si sus clases trabajadoras no lo son; los socialistas deben entender el nacionalismo de las masas, pero solamente en la medida en que un médico comprende la debilidad o el malestar de su paciente. Los socialistas deben tener en cuenta el nacionalismo, pero, como las enfermeras, deben lavarse veinte veces las manos antes de acercarse a un área del movimiento obrero infectada por él'' o si se prefiere, repetir las nobles palabras que se dijeron en el congreso de la Primera Internacional: ''Tendremos guerra mientras existan la ignorancia y las nacionalidades; mientras haya una religión y un clero. Combatamos sin cesar la ignorancia; combatamos el funesto principio de las nacionalidades; por mi parte, yo no tengo país, todos los hombres son mis hermanos''



martes 3 de noviembre de 2009

La Comisión Europea pronostica que España comenzará a crecer en 2011

La economía española comenzará a repuntar en 2011, y lo hará a un ritmo moderado, al 1%, según las previsiones económicas publicadas hoy por la Comisión Europea.

La economía española se contraerá este año un 3,7% y experimentará una caída adicional del 0,8% en 2010. El paro alcanzará el 20,5% de la población activa, según el Ejecutivo comunitario.

La construcción es el sector que está lastrando la recuperación de la economía, según la CE. Mientras que la UE y la eurozona -así como Francia, Alemania e Italia- ya han salido de la recesión, en España la vuelta al crecimiento positivo se retrasará un año, hasta el tercer trimestre de 2010. Sólo Letonia, Lituania y Bulgaria tardarán tanto como España en recuperarse.

La contracción de la actividad económica provocará que el paro en España siga aumentando hasta situarse en el 17,9% de la población activa este año, el 20% en 2010 y el 20,5% en 2011, la tasa más alta de toda la UE que además duplica la media comunitaria.

El déficit público se disparará hasta el 11,2% del PIB este año y se mantendrá en torno al 10% en 2010 debido a la caída de los ingresos fiscales, al aumento de las prestaciones por desempleo y a las medidas anticrisis, mientras que la deuda aumentará del 39,7% en 2008 hasta el 74% en 2011.

"Hay un riesgo de que se debilite la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas", resaltó el Ejecutivo comunitario.

La Comisión considera perjudicial el aumento del IVA

La Comisión alertó además de que existen riesgos a la baja para estas previsiones. En particular, Bruselas destacó que "algunas de las recientes medidas fiscales anunciadas en la ley de presupuestos de 2010, como la eliminación de devoluciones fiscales (en referencia a los 400 euros) y los incrementos del IVA, pueden tener también un impacto negativo en el consumo privado".

Además, "un incremento en los impagos de hipotecas podría poner en riesgo la corrección de las balanzas de los bancos muy expuestos al sector de la construcción, lo que podría tener un impacto negativo en la economía real".


El Ejecutivo comunitario subraya que el exceso de oferta en el sector de la construcción, debido al gran número de viviendas pendientes de vender, se verá agravado por la disminución de la demanda debido a factores demográficos. "Como resultado, el proceso de ajuste en el sector de la construcción se prolongará más de lo esperado", señala Bruselas. De hecho, el sector de la construcción se contraerá más del 10% en 2010 y casi un 4% en 2011.

La contracción de la economía española en 2009 será inferior a la de la media de la eurozona (-4%) y de la UE (-4,1%) y a la de países como Alemania (-5%), Italia (-4,7%), o Reino Unido (-4,6%).

Pero ya en 2010, tanto la UE como la eurozona registrarán, en contraste con España, cifras de crecimiento positivo para el conjunto del año (0,7% en ambos casos). También en 2011, la UE (1,6%) y la zona euro (1,5%) crecerán a mayor ritmo que España.

La inflación en España se situará en el -0,4% en 2009 pero volverá a territorio positivo el año que viene (0,8%) y alcanzará el 2% en 2011, superando así la media de la eurozona (1,5%). Ello significa, según destacó Bruselas, que "no se cerrará la brecha de competitividad con el resto de la eurozona" y refleja "un mal funcionamiento de los mercados de productos, especialmente servicios".

domingo 25 de octubre de 2009

La traición de la socialdemocracia. Por Paolo Flores D'Arcais

Creo haber escrito mi primer artículo sobre "la crisis de la socialdemocracia" hace aproximadamente un cuarto de siglo, y eran ya muchos quienes me habían precedido. Sirva ello para explicar que el tema no es nuevo y que puede decirse que las socialdemocracias, en cierto sentido, siempre han estado en crisis (excepto las escandinavas, que nunca llegaron a crear escuela). La raíz de tal crisis reside en efecto en la desviación (un abismo a menudo) entre el dicho y el hecho que las aqueja. La socialdemocracia nació como una alternativa al comunismo en la defensa de la igualdad contra el sistema de privilegios. La alternativa al comunismo se ha conservado (con toda justicia) pero la batalla por la igualdad (es decir, la lucha contra los privilegios) se ha visto reducida a flatus vocis, incluso en su fórmula minimalista de la "igualdad de oportunidades de arranque", que llegó a ser teorizada por numerosos liberales como corolario de la meritocracia individual.

Resulta por ello más fácil recordar los raros momentos en los que la socialdemocracia alimentó realmente esperanzas: el laborismo de la inmediata posguerra, que implanta con Attlee el estado de bienestar teorizado por Beveridge; los años de Brandt, que el 7 de diciembre de 1970 se arrodilla en el gueto de Varsovia; la época de Mitterand, que interrumpe la larga hegemonía gaullista que pesaba sobre Francia casi como destino (o condena). Logros reformistas, a los que las propias socialdemocracias no han dado continuidad. La política del estado de bienestar se detuvo apenas un poco más allá del servicio sanitario nacional (que además se burocratizó rápidamente). La desnazificación radical de Alemania, que los gobiernos democristianos habían descuidado, no se vio enraizada en similares transformaciones de las relaciones de fuerzas sociales. Y la unidad de la izquierda de Mitterrand, tras la prometedora y brevísima época de los "clubes", se resolvió mediante compromisos entre los aparatos de partido, no en un acrecentamiento del poder efectivo de los ciudadanos.

Porque esa es la cuestión -no secundaria en absoluto- que los análisis de la "crisis de la socialdemocracia" no suelen tener en cuenta. El carácter de aparato, de burocracia, de nomenclatura, de casta, que han ido adquiriendo cada vez más, incluso en la izquierda, quienes, por decirlo con palabras de Weber, "viven de la política" y de la política han hecho su oficio. La transformación de la democracia parlamentaria en partidocracia, es decir, en partidos-máquina autorreferenciales y cada vez más parecidos entre sí, ha ido haciendo progresivamente vana la relación de representación entre diputados y ciudadanos. La política se está convirtiendo cada día más en una actividad privada, como cualquier otra actividad empresarial. Pero si la política, es decir, la esfera pública, se vuelve privada, lo hace en un doble sentido: porque los propios intereses (de gremio, de casta) de la clase política hacen prescindir definitivamente a ésta de los intereses y valores de los ciudadanos a los que debería representar, y porque el ciudadano se ve definitivamente privado de su cuota de soberanía, incluso en su forma delegada.

Los políticos de derechas y de izquierdas acaban por tener intereses de clase que en lo fundamental resultan comunes -de forma general: el razonamiento siempre tiene sus excepciones en el ámbito de los casos individuales- dado que todos ellos forman parte del establishment, del sistema de privilegios. Contra el que por el contrario debería luchar la socialdemocracia, en nombre de la igualdad. Y es que, no se olvide, era la "igualdad" el valor que servía de base para justificar el anticomunismo: el despotismo político es en efecto la primera negación de la igualdad social y el totalitarismo comunista la pisotea por lo tanto de forma desmesurada.

La partidocracia (de la que la socialdemocracia forma parte), dado que estimula la práctica y creciente frustración del ciudadano soberano, la negación del espacio público a los electores, constituye un alambique para ulteriores degeneraciones de la democracia parlamentaria, es decir, para una más radical sustracción de poder al ciudadano: así ocurre con la política-espectáculo y con las derivas populistas que parecen estar cada vez más enraizadas en Europa.

Pero lo cierto es que las vicisitudes actuales de las socialdemocracias parecen manifestar algo más: grupos dirigentes al completo que no solo están en crisis sino casi a la desbandada, sumidos en la espiral (al igual que los aviones al caer en picado) de un auténtico cupio dissolvi. La cuestión es que la culpa originaria, el haber olvidado la brújula del valor de la "igualdad", sin el que la izquierda pierde todo su sentido, está pasando ahora factura. Pero razonemos con orden.

Resulta paradójico que la socialdemocracia viva el acmé de su crisis precisamente cuando más favorables son las condiciones para la critica hacia el establishment y para plantear propuestas de reformas radicales en ámbito financiero y económico, dado que está a la vista de todos o, mejor dicho, está siendo padecido y sufrido por las grandes masas, el desastre social provocado por la deriva de los privilegios sin freno y por el dominio sin control ni contrapeso del liberalismo salvaje, de los "espíritus animales" del beneficio.

Y es que la crisis provoca incertidumbre ante el futuro y el miedo empuja a las masas hacia la derecha, según se dice. Pero eso ocurre solo porque la socialdemocracia no ha sabido dar respuestas en términos de reformismo, es decir, de justicia social creciente, a la necesidad de seguridad y de "futuro" de esos millones de ciudadanos. Pongamos algún ejemplo concreto. El miedo ante el futuro adquiere fácilmente los rasgos del "otro", el inmigrante, que nos "roba" el trabajo. Pero si el inmigrante puede "robarnos" el trabajo es solo porque acepta salarios más bajos. ¿Ha intentado llevar a cabo alguna vez la socialdemocracia una política de sistemático castigo de los empresarios, grandes y pequeños, que emplean a inmigrantes con salarios más bajos y sin el resto de costosas garantías normativas obtenidas tras decenios de luchas sindicales?

Algo análogo ocurre con la deslocalización de las empresas, el fenómeno más vistoso de la globalización. El empresario alemán, o francés, o italiano, o español, al trasladar su actividad productiva hacia el tercer mundo, se lucraba con enormes beneficios explotando mano de obra con salarios ínfimos y sin tutela sindical (por no hablar de la libertad de contaminar en forma devastadora). Pero los gobiernos poseen potentes instrumentos, si así lo quieren, para "disuadir" a sus propios empresarios en su carrera hacia la deslocalización, instrumentos que la política de la Unión Europea puede hacer incluso más convincentes o reforzar en buena medida.

La socialdemocracia, por el contrario, se ha doblegado ante esta mundialización, cuando no la ha exaltado, cuando si el empresario puede pagar menos por el trabajo, deslocalizando la fábrica o pagando en negro al clandestino, se crean las condiciones para un "ejército salarial de reserva" potencialmente infinito, que irá reduciendo cada vez más los salarios, restituyendo actualidad a categorías marxistas que el estado del bienestar -y luchas de generaciones (no la espontánea evolución del mercado)- habían vuelto obsoletas. Y sin embargo la socialdemocracia está organizada nada menos que en una "Internacional", y ha gozado durante mucho tiempo en las instituciones europeas de un peso preponderante. No es por lo tanto que no pudiera hacerse una política diversa. Es que no quiso hacerse.

Los ejemplos podrían multiplicarse. La socialdemocracia ha llegado a aceptar las más "tóxicas" invenciones financieras, y no ha hecho nada concreto para acabar con los "paraísos fiscales" o el secreto bancario, instrumentos del entramado económico-mafioso a nivel internacional, con el resultado de que el poder de las mafias se extiende por toda Europa, desde Moscú a Madrid, desde Sicilia hasta el Báltico, y ni siquiera se habla de ello. Y dejemos correr el problema de los medios de comunicación, absolutamente crucial, dado que "una opinión pública bien informada" debería constituir para los ciudadanos "la corte suprema", a la que poder "apelar siempre contra las públicas injusticias, la corrupción, la indiferencia popular o los errores del gobierno", como escribía Joseph Pulitzer (¡hace ya más de un siglo!), mientras que nada han hecho las socialdemocracias por aproximarse a este irrenunciable ideal.

La socialdemocracia debía distinguirse del comunismo en sus métodos, mediante la renuncia a la violencia revolucionaria, y en sus objetivos, mediante la renuncia a la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción. No estaba desde luego en su ADN, por el contrario, la abdicación a condicionar a través de las reformas (es decir sustancialmente) la lógica del mercado, volviéndola socialmente "virtuosa" y sometiéndola a los imperativos de una constante redistribución del superávit tendente hacia la igualdad.

Al traicionar sistemáticamente su única razón de ser, la socialdemocracia ha estado en crisis incluso cuando ha ganado elecciones y ha gobernado. ¿Cuánto se han reducido las desigualdades sociales bajo los gobiernos de Blair? En nada, si acaso todo lo contrario. ¿Y con Schroeder? ¿De qué puede servir una izquierda que lleva a cabo una política de derechas, si no a preparar el retorno del original?

No resulta difícil, por lo tanto, delinear un proyecto reformista, basta tener como estrella polar el incremento conjunto de libertad y justicia (libertades civiles y justicia social). Es imposible realizarlo, sin embargo, con los actuales instrumentos, los partidos-máquina. Porque pertenecen estructuralmente al "partido del privilegio". No pueden ser la solución porque son parte integrante del problema.

Paolo Flores d'Arcais es filósofo y editor de la revista Micromega. Traducción de Carlos Gumpert.

domingo 18 de octubre de 2009

Los presupuestos del PSOE-PNV

La igualdad de todos los españoles ha sido vendida por seis votos. Ese es el precio que ha puesto el PNV al PSOE para apoyar unos Presupuestos del Estado Residual que el propio portavoz nacionalista calificó como negativos para encarar la crisis. Y esta es la mercancía -la igualdad de todos los españoles, el interés general, la cohesión, la unidad de mercado, la seguridad jurídica-- que los socialistas han estado dispuestos a canjear a cambio de esos seis votos nacionalistas. Seis votos en el Congreso de los Diputados que tienen tras de sí a menos ciudadanos que los que hicieron posible que UPyD tenga una Diputada Nacional. Fíjense si es importante mantener esta Ley Electoral injusta; una ley electoral que le permite al PSOE sacar dos ventajas a la vez: verse primado a la hora de obtener un escaño (poco más de cincuenta mil votos necesitó para ello) y poder chalanear con los nacionalistas, que también fueron primados por la misma Ley (menos votos que UPyD, seis diputados frente a uno).

Resulta tan obsceno el proceso negociador y la conclusión y consecuencias del mismo que si este país tuviera suficiente cuajo y fibra democrática hubiera sido imposible que llegaran a hacerlo. Porque no es sólo que el Congreso de los Diputados se haya convertido en un mercado persa en el que todo se compra y se vende; en el que da igual qué se vota con tal de no perder una votación; en el que lo que se dice y lo que se hace es completamente contradictorio. La cosa es más grave: en el mercado persa, además de venderse la igualdad a precio de saldo, se ha consolidado una alianza perversa entre los que no creen en la necesidad del Estado Nacional y los que tendrían la obligación de defenderlo. Porque esas y no otras son las consecuencias del pacto entre PSOE y PNV: blindar leyes injustas (para que escapen del control de los jueces ordinarios y para que no puedan ser recurridas ni por CCAA, ni por los sindicatos, ni por las asociaciones empresariales); o sea, el PSOE renuncia a defender el interés general y modifica las leyes para que otros tampoco puedan defenderlo.

Sólo en España puede salirle gratis al partido que gobierna ceder a un chantaje similar que pone en riesgo el ordenamiento constitucional y democrático. El PSOE --que hace mucho tiempo que ha perdido el sentido de estado y el sentido de los límites-- está tranquilo y piensa que electoralmente no pagarán precio alguno. Se fija en lo que pasa en el PP, en sus escándalos, en su incapacidad para la actuación regeneradora, en el complejo con el que actúa (no hay más que recordar que el PP vasco vino a las Cortes a defender el blindaje) y concluye que con esta oposición mayoritaria no tiene por que preocuparse. Además, y por si fuera poco, el PSOE recuerda lo que pasó en la legislatura anterior: dividió a España entre dos con su proceso negociador con los asesinos de ETA, rompió todos los pactos de estado, humilló a las víctimas del terrorismo y a todos los que defendían la derrota de ETA frente a las cesiones políticas, y volvió a ganar las elecciones.

En el PSOE piensan que no deben cambiar de estrategia porque les vaya mal a otros. Piensan que tienen impunidad, que la gente siempre les disculpará frente a esta derecha a la que cada día descalifican por ultra y por incapaz. En el PSOE tienen muy mala opinión de los ciudadanos; consideran que nadie se va a movilizar por defender los valores positivos; consideran que la porquería, el insulto, la descalificación, resultan rentables desde el punto de vista electoral para la izquierda. En el PSOE piensan que nadie se dará cuenta que han pactado la ley más importante del año con un partido político al que España le importa un bledo; en el PSOE piensan que nadie se percatará de que han pactado la ley de la que dependerán las políticas sanitarias, educativas, fiscales, de vivienda..., con un partido que hoy está en la calle defendiendo a Batasuna/ETA y descalificando la actuación del Estado en la persecución de los cómplices de ETA.

Lo triste es que a lo mejor tienen razón en el PSOE. A lo mejor los ciudadanos lo único que quieren es que --como suele decir Fernando Savater-- les dejen en paz. A lo mejor tiene razón el PSOE y, escándalo tras escándalo, convenientemente adobado y divulgado, consiguen que sólo vayan a votar los más hooligans de los de cada bando. A lo mejor es cierto que el desestimiento crece y que cada vez es más raro encontrar a alguien dispuesto a opinar por sí mismo, dispuesto a tomar libremente sus decisiones. A lo mejor tienen razón en el PSOE y no hay apenas nadie que sea consciente de que "el fascismo es lo que ocurre cuando dejamos de prestar atención", en feliz expresión de Viggo Mortensen. Porque, sin llegar tan lejos, lo que sí es claro es que cuando los ciudadanos dejamos de prestar atención por la política llegan a las instituciones políticos que dejan de prestar atención a los legítimos derechos de los ciudadanos.

jueves 15 de octubre de 2009

Reforma de la Ley Electoral.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), vino a consolidar un sistema electoral cuyos parámetros principales se fijaron en la todavía franquista Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977. Los mismos fueron desarrollados en el Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, que reguló las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, y en 1978 pasaron a formar parte de la Constitución española.
No cabe duda que el sistema electoral español diseñado en plena transición política cumplió con las necesidades del momento para que no fueran excesivas las fuerzas políticas que protagonizaran ésta. Pero ya han pasado más de tres décadas desde la primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977 y el sistema electoral ha mostrado después de estos treinta años algunas disfuncionalidades que es preciso corregir para una vida democrática más
representativa, justa e igualitaria. Por lo demás, tras más de nueve Elecciones Generales, es ya un sentir generalizado del pueblo español, que el sistema electoral es manifiestamente injusto, donde un partido político puede lograr un único escaño, mientras que otro con menos votos puede obtener seis escaños. Estas transformaciones del voto del ciudadano en escaños tan injustas y desproporcionadas dañan la credibilidad del ciudadano en su sistema electoral y por lo tanto en su sistema democrático, además de uno de los derechos más fundamentales en democracia: el derecho al sufragio igualitario, que consagra nuestra Constitución española en sus artículos 23 y 68, respectivamente.

Jurídicamente no parece admisible que los pilares básicos de nuestro sistema electoral continúen marcados, como ya indicamos, por un ley aprobada por las Cortes franquistas. La representación mínima inicial, el tamaño de la circunscripción, el escaso número de diputados, realmente no se corresponden con los “criterios de representación proporcional” que marca nuestra propia
Constitución española en su artículo 68.3. No parece verdaderamente muy coherente que el sistema electoral consagre la provincia como circunscripción electoral. Desde luego no es un criterio que favorezca la proporcionalidad, ni tampoco, por lo demás, una división acorde con el Estado de las Autonomías fruto de nuestra Constitución.
Por el contrario, nuestro actual sistema electoral refleja unos claros efectos mayoritarios dado el pequeño tamaño de la circunscripción, utilizando una división de la España decimonónica, la provincia, no la de actual España constitucional.

Tampoco hoy se sostiene el escaso número de diputados fijado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 -350 según su artículo 162.1- pudiéndose llegar, según el artículo 68.1 de la Constitución a 400 diputados, algo más coherente con los criterios de representación proporcional del propio artículo 68, apartado tres. En fin, no es muy lógico que el artículo 68.1 postule la igualdad del voto, derecho importante donde los haya, para luego regular en el apartado siguiente del mismo artículo una difícilmente justificable hoy representación
mínima inicial que el artículo 162.2 de la LOREG fija en dos diputados. Sin embargo, junto a estos argumentos hay otros de carácter más importantes como la igualdad y la justicia que nuestra Constitución consagra como valores superiores del ordenamiento jurídico en el primero de nuestros artículos. El resultado práctico de la LOREG está produciendo claros ejemplos de desigualdades e injusticias entre el valor del voto de distintas circunscripciones de España, estando unas sobrerrepresentadas y otras subrepresentadas, no teniendo por tanto el mismo valor para lograr un escaño el voto emitido en una circunscripción, que el emitido en otra.

Uno de los principios básicos de nuestro sistema político es la soberanía popular que regula el artículo 1.2 de nuestro Texto constitucional: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado”. El sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia, y no puede distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir que se produzcan resultados desigualitarios e injustos. Por ello, esta demanda de modificación y mejora democrática de nuestra ley electoral se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.

lunes 5 de octubre de 2009

Educación para la Ciudadanía.

Las descalificaciones que ha recibido la asignatura de Educación para la Ciudadanía superan ampliamente el nivel de estridencia habitual. Los más amables la comparan con la Formación del Espíritu Nacional franquista y otros la proclaman una "asignatura para el adoctrinamiento", mientras que los más feroces hablan de "educación para la esclavitud", "catecismo tercermundista" y lindezas del mismo calibre. Muchos creen en que si entra en vigor esta materia, el totalitarismo está a la vuelta de la esquina.

Con tales planteamientos, no puede extrañar que algunos clérigos y otros entusiastas recomienden nada menos que la "objeción de conciencia" docente contra semejante formación tiránica . Pero en mi opinión lo cochambroso de la argumentación empleada en estas censuras tremendistas demuestra que su objetivo no es el debate, sino el más modesto de fastidiar al Gobierno y halagar a los curas integristas, por lo que haríamos mal tomándolas demasiado a
pecho.

La objeción más repetida contra esta materia viene a ser que el Estado no debe pretender educar a los discentes en cuestiones morales porque ésta es una atribución exclusiva de las familias. Como ha dicho monseñor Rouco, la asignatura culpable no formaría a los estudiantes, sino que les transmitiría "una forma de ver la vida", que abarcaría "no sólo el ámbito social, sino también el personal". Francamente, no me resulta fácil imaginar una formación educativa que no incluya una forma de ver la vida. Pero de lo que estoy convencido es de que la enseñanza institucional tiene no sólo el derecho sino la clarísima obligación de instruir en valores morales compartidos, no para acogotar el pluralismo moral, sino precisamente para permitir que éste exista en un marco de convivencia. Los testigos de Jehová tienen derecho a explicar a sus hijos que las transfusiones de sangre son pecado; la escuela pública debe enseñar que son una práctica médica para salvar vidas y que muchas personas escrupulosamente éticas no se sienten mancilladas por someterse a ellas. Los padres de cierta ortodoxia pueden enseñar a sus hijos que la homosexualidad es una perversión y que no hay otra familia que la heterosexual; la escuela debe informar alternativamente de que tal "perversión" es perfectamente legal y una opción moral asumible por muchos, con la que deben acostumbrarse a convivir sin hostilidad incluso quienes peor la aceptan.

Los alumnos deben saber que una cosa son los pecados y otra los delitos: los pecados dependen de la conciencia de cada cual; los delitos, de las leyes que compartimos. Y sólo los fanáticos creen que no considerar delito lo que ellos tienen por pecado es corromper moralmente a la juventud. Por otro lado, es rotundamente falso que la moral sea un asunto estrictamente familiar: no puede serlo, porque nadie vive solamente dentro de su familia, sino en la amplia interacción social, y no serán sólo sus parientes quienes tengan que soportar su comportamiento.


Resulta verdaderamente chocante que la oposición considere la Educación para la Ciudadanía un instrumento doctrinal que sólo puede beneficiar al Gobierno. Deberían ser los más interesados en preparar futuros votantes bien formados e informados que no cedan a seducciones demagógicas.

La objeción menos válida de los críticos es sostener que cada familia tiene el monopolio de la formación en valores de sus vástagos... mientras se expresa preocupación por la posible apertura de escuelas de orientación islámica en nuestro país. Los mismos que reclaman homogeneidad entre los planes de estudio de las diferentes autonomías no pueden negar al ministerio su derecho a proponer un común denominador ético y político en que se base nuestra convivencia. También por coherencia, quienes exigen a Ibarretxe que sea lehendakari de todos los vascos y no sólo de los nacionalistas no deberían censurar que Gallardón se comporte como alcalde de todos los madrileños y no sólo de los heterosexuales. Por lo tanto, produce cierta irritación que el líder de la oposición, tras una conferencia en unos cursos de verano dirigidos por el cardenal Cañizares, afirmase (según la prensa) que "la laicidad y la Educación para la Ciudadanía llevan al totalitarismo". Esto no se lo cree ni un tonto.

Muchos clérigos y algunos padres deberían a ver asistido a estas clases de ciudadanía pero por desgracia la asignatura llega quizás un poco tarde.



miércoles 30 de septiembre de 2009

Por qué hace falta en España un nuevo partido llamado UPyD?

Partimos de un supuesto revolucionario: que los ciudadanos no nacen siendo ya de izquierdas o de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. Vamos aún más lejos, a riesgo de escandalizar a los timoratos: consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en consecuencia, de acuerdo con las ofertas de los partidos y su experiencia de la situación histórica que vivimos. Por tanto no creemos que nadie esté obligado a votar siempre lo mismo o a resignarse a las opciones políticas vigentes, cuando ya le han decepcionado anteriormente.
Ser considerados de izquierdas o de derechas no nos parece el centro del problema, aunque nos apiadamos cordialmente de quien carece de mejores argumentos para descalificar al adversario. En realidad, ni la izquierda ni la derecha son ideas platónicas, invulnerables al paso del tiempo y a los cambios sociales. Cuando hablamos de izquierda o derecha no estamos refiriéndonos a la Guerra Civil, ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Revolución Rusa o Francesa… sino a los muy concretos partidos que se ponen esa etiqueta en el día de hoy. Y resulta evidente que ha
habido notables transformaciones: por ejemplo, ayer la izquierda y la derecha parecían representar clases o niveles económicos, pero hoy abundan los multimillonarios estruendosamente izquierdistas (sobre todo en medios de comunicación o artísticos) y asalariados modestos que son belicosamente derechistas. Nosotros no tenemos reparo en declarar que si ser de izquierdas ahora es apoyar en España las exigencias nacionalistas o separatistas, la asimetría regional o el diálogo político con los terroristas, y en política exterior tener como referentes a Fidel Castro o Chávez… entonces somos de derechas. Y que si pertenecer a la derecha exige considerar la homosexualidad una enfermedad (y el matrimonio entre personas del mismo sexo una indecente aberración), un delito el aborto o la experimentación genética con fines curativos, y tener a los padres por exclusivos responsables de la formación ética de sus hijos aún en cuestiones cívicas, además de estar obligados a apoyar la invasión de Irak, o a considerar inalterable la distribución de la renta y resignarse ante la pobreza de millones de hombres y mujeres… pues entonces no habrá más remedio que ser de izquierdas.
Para evitar este falso dilema, nosotros preferimos hablar de progresismo en vez de izquierda o derecha. Ser progresista es luchar contra las tiranías que pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la democracia material. Y ni los actuales partidos de izquierda ni los de derechas tienen el monopolio del progresismo, aunque ambas tradiciones políticas han contribuido a él. A nosotros nos gustaría ser capaces de aprovechar los elementos positivos de unos y de otros, pero sin tener que cargar con sus prejuicios y resabios reaccionarios, que existen en los dos campos. No denunciamos que los partidos actuales lo hagan todo mal, sólo señalamos que ninguno lo hace tan bien como para que debamos renunciar a buscar alguna alternativa mejor. Ser progresista, además, significa creer que la actividad política puede y debe mejorar las condiciones de nuestra vida como colectividad: a algunos no les interesa la política más que como medio para defenderse del Estado, pero nosotros queremos lograr por medio de la política un Estado que nos defienda mejor a todos. Los ciudadanos no podemos excluirnos de la vida política, ni refugiarnos cuando no nos gustan las leyes o las decisiones gubernamentales en la abstención o en la renuncia a exigir el respeto a nuestros derechos y libertades. Porque, queramos o no, sí que es en nuestro nombre como se legisla o se gobierna: luego no hay más remedio que implicarse para que nuestras ideas tengan voz y estén lo mejor representadas que sea posible. Por eso emprendemos esta aventura y recabamos el apoyo de nuestros conciudadanos.