La capacidad de actuación del Gobierno central

La sociedad española, como cualquier sociedad moderna, se enfrenta a problemas comunes, que afectan a todos sus componentes. Muchos problemas superan incluso el ámbito hispánico, siendo de dimensión europea o mundial. En estas circunstancias, resulta imprescindible la capacidad de la Administración central para realizar políticas comunes en todo el territorio nacional. Tal necesidad no se justifica únicamente por razones de eficiencia. La igualdad, la necesidad de dar un tratamiento similar a personas con situaciones equiparables, independientemente de su lugar de residencia, proporciona otra justificación de peso.

Sin duda, la descentralización ha tenido efectos positivos. Tiene, además, una dimensión no económica que da cauce y reconocimiento a la diversidad cultural existente entre las regiones españolas. Pero no es posible por más tiempo seguir mirando para otro lado e ignorar las disfunciones que ha ido generando la deriva del Estado autonómico como la puesta en peligro de la unidad del mercado interno español, tanto de bienes y servicios como de trabajo por culpa de las políticas lingüísticas aplicadas en distintos territorios españoles así como la multitud de requisitos legales distintos en cada Comunidad Autónoma que hacen que las empresas tengan que incurrir en gastos adicionales y actúan como una barrera proteccionista.

El Gobierno central ha perdido ya una parte sustancial de su capacidad de actuación. La educación, la sanidad y los servicios sociales son competencias de las CCAA. Frente a estas políticas, la mayor parte del gasto de la Administración central está comprometido, sin apenas margen de decisión propio. Es gasto en transferencias, como el pago de las pensiones o las prestaciones por desempleo, o el pago de los intereses de la deuda pública. Otra parte es para pagar al personal de la Administración central o realizar las funciones de defensa y representación exterior. Descontando todo eso, el margen de actuación es mínimo.

El Gobierno de la nación ha sido incapaz de desarrollar una medida tan importante como la Ley de Dependencia debido a los desacuerdos entre administraciones respecto a la financiación de la Ley. Cada vez será más frecuente que personas en situaciones similares reciban un trato distinto en función de la Comunidad Autónoma (más o menos rica) en la que vivan.

La descoordinación entre las distintas CCAA es lamentable. En el caso de la reducción del déficit fiscal al 3% en 2013, el Gobierno central debe imponer un techo de gasto a las CCAA.

Inmigración

En primer lugar tengo que decir que nacer es siempre llegar a un país extranjero. Uno no elige donde quiere nacer, con lo cual todos somos emigrantes en ese sentido pues hemos pasado por el mismo trance de hallarnos en lo desconocido. Nuestra especie apareció en algún lugar de África y desde allí emigró a otros lugares lejanos del planeta. La antropología nos dice que el hombre es una variedad de chimpancé que logró hacerse mucho más inteligente de lo que un mono suele ser gracias a que aprendió a cambiar de aires y conocer mundo. En realidad, todos somos emigrantes o hijos de emigrantes, o nietos o tataranietos de emigrantes.

Sin duda alguna, la llegada masiva de inmigrantes puede causar trastornos en los países de acogida, pero no hay que olvidar que los inmigrantes huyen impulsados por la miseria que hay en sus países más que por la prosperidad que observan en los países de acogida. Naturalmente que si mejorasen las condiciones de vida en su país de origen habría muchos que preferirían quedarse en su tierra. Por tanto, ayudar al desarrollo de los países de fuerte emigración es un política sensata para regular esos flujos: no parece prudente ni decente proclamar nuestra solidaridad con los desfavorecidos y a la vez fomentar una política proteccionista que prive de mercados a las materias primas que son el único recurso en bastantes de esas latitudes.

Además, los inmigrantes vienen en busca no sólo de trabajo sino de la posibilidad de acceder a la ciudadanía, a pertenecer a un estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y con los mismos derechos y deberes.
Hay que decir también que el hecho de tratar a los inmigrantes con hospitalidad no impide preocuparse por su regulación: es preciso evitar un descontrol falsamente generoso que sólo favorece a los traficantes, a quienes buscan mano de obra a precio esclavista y a los xenófobos ultranacionalistas.

Sin duda es un prejuicio el de quienes asimilan inmigrante a delincuente, aunque también es verdad que otros son delincuentes extranjeros que vienen a robar y hacer sus fechorías.
Creo que a los inmigrantes hay que exigirles ciertos requisitos para su integración en nuestro país. En primer lugar, no que renuncien a todos los aspectos relevantes de su cultura de origen (de la que huyen), sino sólo a aquellos que contradicen los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales vigentes en el país de acogida. Es decir, tienen derecho a exteriorizar y compartir su folclore, su gastronomía y sus costumbres en la medida en que sean compatibles con el ordenamiento de nuestro Estado de Derecho. ''Todas las comunidades son bienvenidas en el seno de la democracia, pero sólo a condición de que no engendren desigualdades e intolerancia'' según ha expresado Tzvetan Todorov.

Energía y medio ambiente.

España depende en más de un 80% del exterior para el abastecimiento energético. Esto se explica, en parte, por la falta de yacimientos de petróleo, pero lo mismo sucede en la mayoría de países europeos y su dependencia es menor. Algunos recurren a la energía nuclear pues puede contribuir a combatir el cambio climático, aunque emite otro tipo de residuos peligrosos y visto lo ocurrido en Japón ha perdido algo de impulso. En el caso español, existe una moratoria nuclear que impide la construcción de nuevas centrales. Como de momento no parece posible prescindir de la energía que suministran, se opta una y otra vez por prolongar la vida de las centrales existentes.

La postura oficial es que la opción por las energías renovables, solar y sobre todo eólica solucionará los problemas de abastecimiento y hará innecesario el uso de la energía nuclear. Las cifras no parecen sustentar esta postura. Casi nadie pone en duda las ventajas de las energías renovables pero, a día de hoy, producir energía usándolas resulta más caro que con las fuentes de energía tradicionales. Sólo los subsidios públicos convierten en rentable su utilización.

Tampoco casi nadie olvida los peligros e inconvenientes de la energía nuclear. Pero si no se puede prescindir de ella, tal vez convenga reabrir el debate nuclear y utilizarla racionalmente. Prolongar la vida útil de centrales anticuadas impide incorporar los avances que se van produciendo en las de nuevo diseño. No deja, además, de ser un tanto hipócrita demonizarla en España y comprar la electricidad que se produce por esa vía en Francia. Un posible accidente no respetaría la barrera de los Pirineos y se trata de una energía que hay que importar y pagar.

El cambio climático, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, el desarrollo todavía incipiente de las energías renovables, son todas razones que hacen pensar que el uso de la energía nuclear, no exento de inconvenientes, puede proporcionar un espacio de tiempo necesario para mejorar otras alternativas.

El tipo de abastecimiento energético está claramente relacionado con otro tema, el medioambiental. España incumple ampliamente el protocolo de Kyoto, pese a todas las poses oficiales de ecologismo. La excesiva utilización del petróleo y el carbón es una de las causas así como la deforestación y el excesivo uso del transporte por carretera, son otras. Es este un reto mundial, que no podemos resolver en solitario, pero convendría asumir nuestra cuota de responsabilidad para combatir el calentamiento global.

España necesita las reformas estructurales

La necesidad de las medidas a largo plazo, de realizar reformas estructurales que transformen el modelo productivo español, resulta ineludible. No cabe pensar en una salida de la crisis volviendo sin más a la situación previa. El boom de la construcción ya había recorrido todo su camino, no es posible (ni sería deseable) volver a crecer sobre esas bases pues como las mismas causas producen los mismos efectos, volvería a llevarnos a un callejón sin salida. En cualquier caso, con un stock tan grande de viviendas construidas que no encuentran comprador, la construcción tardará algunos años en normalizarse. La rigidez a la baja que están mostrando los precios, al contrario que en los Estados Unidos, retrasará aún más la absorción del stock y la duración del ajuste.

Las reformas estructurales que necesita España habría sido más fácil emprenderlas en los años de prosperidad, cuando los recursos abundaban, cuando existía superávit en las cuentas públicas y el desempleo era pequeño. La primera legislatura de Zapatero fueron cuatro años no bien aprovechados en este terreno. Tal vez el retraso se explique porque son medidas que tardarán en actuar, que no se notaran en las siguientes elecciones. Una mejora del sistema educativo, por ejemplo, puede tardar unos veinte años en notarse, lo que tarda una generación en formarse. Pero habría que verlo exactamente al revés: precisamente porque tardan tanto en notarse, habría que darse mucha prisa en ponerlas en marcha. De ellas depende, y no de vacías promesas electorales, que España pueda algún día (no cercano) equipararse económicamente a un país como Francia. Muchas de las reformas no requieren un aumento del gasto público, sino cambios cualitativos, reorganizaciones institucionales o un mejor aprovechamiento de los recursos. Sólo me centraré en la más importante de todas que a mi juicio es la educación:
El crecimiento a largo plazo de una economía depende del aumento de la productividad, es decir, del incremento de lo que es capaz de producir con una determinada cantidad de recursos. A su vez, alcanzar una mayor productividad depende de la mejora del capital humano (es decir, de la formación de las personas) y de la innovación tecnológica (que permite descubrir mejores técnicas productivas o nuevos productos). En la base tanto de la formación de las personas como la posibilidad de innovar se encuentra el sistema educativo. Una educación de calidad resulta, por tanto, un prerrequisito fundamental para un modelo de crecimiento sostenible basado en la calidad. El trabajador bien formado es más fácilmente empleable y tiene más flexibilidad para adaptarse a trabajos en los nuevos sectores con futuro.
Desgraciadamente, la educación en España deja mucho que desear. El fracaso escolar y el abandono temprano afectan a aproximadamente un tercio de los estudiantes. Los sucesivos informes PISA de la OCDE colocan a España en los últimos lugares de los países industrializados en el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos. El discurso oficial simplemente niega la existencia de los problemas, como en tantos otros casos porque claro, es mejor decir que contamos con la generación mejor formada de la historia de España, o recitar los millones adicionales gastado en esto o lo otro, que reconocer las deficiencias y hacerlas frente. Desde luego, si se utilizan más recursos que nunca y los conocimientos adquiridos son peores, no parece un motivo de satisfacción.
Algunas deficiencias merecen destacarse: faltan plazas educativas para los niños menores de tres años. La Formación Profesional se minusvalora socialmente, lo que provoca escasez de mano de obra cualificada en algunas actividades. En inglés, la lengua universal de comunicación en la actualidad, sigue sin aprenderse con soltura, caso prácticamente único entre los países de nuestro entorno. La Universidad presenta problemas de endogamia y falta de movilidad en el profesorado, así como de desconexión con el sistema productivo. Todo el sistema educativo se enfrenta al reto de integrar al crecido número de inmigrantes que se ha incorporado a él en los últimos años.
Pero cada vez existe mayor conciencia social de que las deficiencias son más profundas, llegan a las actitudes y los valores. Una educación de calidad es imposible sin valores como la excelencia, el esfuerzo, la disciplina o el respeto a la figura del profesor. Recuperarlos no tiene por qué costar dinero y puede mejorar los resultados más que algún cachivache electrónico adicional. Desafortunadamente, en vez de rectificar se pretende solucionar el fracaso escolar rebajando aún más el nivel de exigencia.
Conviene recordad que la educación en España es una competencia que está en manos de las Comunidades Autónomas. Algunas de ellas parecen verla como un instrumento para aplicar políticas lingüísticas, difundir visiones peculiares de la historia y crear una conciencia de pertenencia a determinados grupos excluyentes. Resulta un sarcasmo que esas sean las prioridades ante la magnitud de los retos a los que debemos enfrentarnos.
Unas preguntas para la reflexión: ¿cuál será el efecto de los programas de inmersión lingüística en el rendimiento escolar de los niños castellanohablantes, que son al menos la mitad del total en las comunidades bilingües? En los debates constitucionales sobre esta asunto, los políticos nacionalistas señalaban el alto coste para los alumnos catalanes o vascoparlantes de haberse visto forzados a estudiar en castellano. ¿El problema no se planteará a la inversa? Si las Comunidades Autónomas no desempeñan bien esta función clave, ¿resulta tan impensable que la Administración Central recupere las competencias educativas, intentando garantizar la calidad y la igualdad entre los alumnos de las distintas Comunidades?

La gestión de Zapatero ante la crisis

Zapatero, el hombre con talante y del dialogo pasa a ser el hombre del real decreto-ley.

Principal problema: Zapatero no hace un diagnóstico certero de la crisis y de la estructura económica española, la cual ha crecido a base de ladrillo con una burbuja inmobiliaria que terminó por explotar después de 14 años.
De la burbuja provienen la inmensa mayoría de los parados cuyo puesto de trabajo era temporal y precario así como los demás puestos que provienen de actividades interelacionadas con la construcción.
Se ha tardado mucho tiempo en reconocer que la crisis surgida en EEUU estaba afectando a España y para cuando ya se reconocía la existencia de la crisis se diagnosticó mal pues el problema no estaba en los activos tóxicos financieros estadounidenses sino en la costa del Sol y esto es un problema del modelo productivo español que se debería de haber cambiado hace tiempo pues ahora nos encontramos que España es uno de los países desarrollados menos competitivos y cuya productividad es muy baja en comparación con otros países. Si queremos ser más competitivos y vender más deberemos hacer dos cosas: 1º) bajar los salarios, o 2º)aumentar la productividad de los trabajadores y de esta manera se podrán aumentar los salarios. España no ha hecho los deberes de productividad y por lo tanto con la burbuja explotada nos encontramos con un panorama complicado pero no irremediable si se hacen las reformas con prontitud.
Zapatero acude a los mercados para financiar las prestaciones por desempleo pero si hubiese hecho los deberes o las reformas de la educación, del sistema financiero y del mercado laboral anteriormente a la crisis esto no hubiese pasado de la manera en que esta pasando y si además no se hubiese gastado tanto dinero en la reforma de la financiación autonómica y la reducción de los 400 euros así como la supresión del impuesto de patrimonio y la bajada del impuesto de sociedades Zapatero hubiese tenido mucho más dinero para financiar las prestaciones y subsidios por desempleo. Es decir, si hubiésemos cambiado el modelo de crecimiento apostando por sectores de alto valor añadido la cosa hubiese sido distinta, pero esto no se ha tocado durante 14 años y esta es consecuencia de una dejadez política ante la cantidad de dinero que ingresaron las arcas públicas debido a la burbuja inmobiliaria.

Por otra parte, en lugar de arreglar los problemas de fondo, se están generando desequilibrios públicos para paliar los desequilibrios privados.
Hay otro error a mi juicio, el cual es creer que en el mercado sólo hay demanda: si se consigue sustituir la caída de la demanda privada por la demanda pública, los problemas económicos se arreglan. La realidad, sin embargo, es que el mercado también tiene otro lado, la oferta, e ignorándola, hace que uno intente salir de la crisis olvidando tomar medidas que permitan a empresas y trabajadores producir y crecer más. Es decir, ignorando la productividad. Hay que recordar que el déficit actual se debe en partes iguales al aumento del dispendio público como a la caída de la recaudación fruto de la reducción en la actividad económica. Sólo cuando esta se recupere - y eso sucederá cuando las empresas vuelvan a producir - la recaudación fiscal volverá a su nivel normal. Para esto hay que tomar medidas de fomento a la competitividad, haciendo que los trabajadores sean más productivos, reformando el mercado laboral, la educación, el sistema financiero, la justicia y también una reforma de la función pública para hacer un estado menos redundante y mas eficiente.

Manifiesto en defensa del orden constitucional

Cuelgo aquí este manifiesto leído el 10 de Julio de 2010 frente al Tribunal Constitucional por personas que creen que la libertad y la igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia:

La principal diferencia entre la democracia y cualquier otro sistema político es que la primera se funda en un orden constitucional que garantiza a los ciudadanos sus libertades básicas y su igualdad ante las leyes. La Constitución es la clave de bóveda del edificio legislativo que desarrolla y ordena derechos y obligaciones que deben ser iguales para todos. Por eso atacar la Constitución vaciándola de contenido y debilitando su carácter de ley de leyes, es atacar la libertad, la igualdad y la propia democracia.

En estos últimos años los ciudadanos españoles estamos padeciendo una erosión constante de nuestro orden constitucional, y por tanto de nuestras libertades y de nuestra igualdad ante la ley. Nada hay más frágil que la democracia, cuyo mantenimiento y mejora exige de todos una vigilancia constante y comprometida. Resulta intolerable que los propios gobernantes elegidos para defender el orden constitucional sean quienes más empeño ponen en convertirlo en un caos sin sentido.

Hoy nos hemos reunido aquí, ante la sede del Tribunal Constitucional, para expresar nuestra protesta contra la manipulación de las instituciones encargadas de velar por el mantenimiento del orden constitucional, o lo que es lo mismo, de velar por los derechos y obligaciones iguales para todos, y por nuestra libertad personal. Nos hemos reunido aquí, ante la sede del más Alto Tribunal, para proclamar que sin justicia constitucional, no hay democracia.

La unidad de la Nación española que proclama nuestra Constitución no es otra cosa que la igualdad jurídica de todos nosotros tomados de uno en uno, como sujetos libres y miembros conscientes de la misma democracia. Y esta es, ciertamente, la unidad que pone en peligro la negación del orden constitucional a través de leyes y de acciones de gobierno que no nos consideran ciudadanos de la misma Nación sino que, imponiendo obligaciones y deberes diferentes, convirtiendo privilegios en falsos derechos y arbitrariedades en falsas obligaciones, nos dividen en rebaños enfrentados donde lo que importa no es la libertad y la igualdad entre ciudadanos personalmente diferentes, sino la identificación cerril con un pensamiento obligatorio y uniforme que llaman, sin serlo, “identidad cultural”.

Con la excusa de contentar a nacionalistas descontentos por definición, de potenciar disparatados derechos de lenguas y territorios a base de restarlos a las personas, de reparar viejas heridas sentimentales y resucitados agravios históricos, de imponernos por nuestro presunto bien leyes sectarias que casi nadie reclama, los partidos que gobiernan España y numerosas comunidades autónomas protagonizan constantes ataques contra la Constitución. Sus esfuerzos por controlar y manipular la justicia, la hacienda, los medios de comunicación y todas las demás instituciones públicas para ponerlas al servicio de sus intereses particulares, su contumacia en tomar decisiones claramente inconstitucionales, nos han conducido a una gravísima crisis política.

Naturalmente, la Constitución puede cambiarse para mejorar la democracia. Nosotros proponemos una reforma constitucional que mejore nuestro orden político a la luz de las experiencias de todos estos años. No somos partidarios de la inmovilidad o la fosilización de nuestra Constitución, sino de adecuarla a los retos del siglo XXI. Pero cualquier reforma que se proponga debe ser fiel y leal al orden constitucional, seguir los procedimientos establecidos por la propia Constitución para su reforma. Y lo que rechazamos es la práctica viciosa de cambiar la Constitución por la puerta de atrás, mediante reformas de Estatutos de Autonomía o por medio de leyes y decretos que chocan con su letra y su sentido. Como ciudadanos españoles, libres e iguales, exigimos ser consultados por quienes quieren cambiar la Constitución por la vía de los hechos consumados, burlando el “derecho a decidir” básico de la democracia, el de participar en la toma de decisiones sobre lo que nos afecta a todos y no sólo a una parte de nuestro país.

Cuando el orden constitucional está en peligro, también lo está la libertad de todos y cada uno de nosotros. Es el momento de que los ciudadanos conscientes digamos de nuevo basta ya, como muchos miles dijeron no hace tanto frente al terrorismo y al nacionalismo obligatorio en el País Vasco. Es el momento de exigir el cese de todo ataque contra la Constitución, y el fin del desacato de los gobiernos a las leyes y sentencias que no les gustan.

Como ciudadanos que cumplimos las leyes y acatamos las sentencias de los tribunales de justicia, incluso las que no compartimos, exigimos a los gobernantes, comenzando por el Gobierno de la Nación, que también ellos respeten la legalidad y cumplan y hagan cumplir las sentencias de los tribunales, incluyendo la de este Tribunal Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña. Porque un país donde los gobernantes se reservan cumplir o no la legalidad a su conveniencia no es un Estado de derecho, sino el reino de la arbitrariedad. Porque sin justicia constitucional, no hay democracia.

No denunciamos ataques abstractos. Mientras hoy nos concentramos ante el Tribunal Constitucional para defender la Constitución y protestar contra quienes la quieren vaciar de contenido, en Barcelona se celebra una manifestación contra la Constitución convocada expresamente por el presidente de la Generalitat; una convocatoria basada en las falacias de que la voluntad del pueblo y la nacionalidad sentimental están por encima del Estado de derecho y de la nación constitucional.

Con independencia de la opinión que cada cual tenga de los conflictos políticos y jurídicos creados por la irresponsable gestación de un Estatuto de Autonomía claramente inconstitucional --conflictos artificiales de los que el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el máximo responsable--, la manifestación de Barcelona representa un ataque a la Constitución, y es un acto de desacato al orden constitucional que adquiere su máxima gravedad al estar liderado por el Gobierno y las instituciones de Cataluña.

Es una manifestación contra la separación de poderes y la autonomía de la justicia, contra la igualdad de los ciudadanos y contra el imperio de las leyes mientras sigan vigentes. En definitiva, es una manifestación contra la democracia.
Nosotros exigimos a la Generalitat de Cataluña que cumpla con su obligación democrática de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional; y exigimos al Gobierno de la Nación que haga cumplir la sentencia y promueva la derogación de todas las leyes que se han aprobado en desarrollo de artículos declarados inconstitucionales por el fallo del TC. Exigimos que cualquier solución a las deficiencias de la actual estructura territorial del Estado se discutan con transparencia en el Parlamento Nacional, con argumentos y propuestas políticas, impidiendo que el futuro de España, nuestro futuro, sea objeto de oscuros trapicheos celebrados a nuestras espaldas.

El objetivo de la política democrática no es hacer que unos se sientan más cómodos que otros a base de imponernos a todos sus sentimientos, haciéndolos obligatorios; el objetivo de la democracia no es restañar heridas imaginarias ni ganar retroactivamente guerras del pasado. El objetivo de la Constitución no es dar satisfacción a mitos y emociones que, por muy comprensibles y humanas que sean, van contra los principios de solidaridad, libertad e igualdad sin los cuales no hay democracia ni ciudadanía, sólo tribus enfrentadas y encadenadas a emociones primarias.

La política democrática debe perseguir el perfeccionamiento incesante de las instituciones, trabajar por un gobierno más eficaz y transparente, por un parlamento más representativo y reflexivo, por una justicia más autónoma y justa. La democracia es la consecución de más libertad personal y de más igualdad entre los ciudadanos con independencia de cuál sea su riqueza, su lugar de nacimiento o residencia, su profesión, su lengua materna, su sexualidad, sus creencias y sentimientos de identidad o pertenencia. Libertad e igualdad son los valores supremos que debe preservar y cultivar el orden constitucional de la democracia, y estos son precisamente los valores que están poniendo en grave peligro los ataques contra el orden constitucional de la España democrática que hoy hemos venido a defender.

Ciudadanos, nuestra libertad está amenazada por quienes creen que pueden dividirnos para acabar con la igualdad y la solidaridad entre nosotros, levantando fronteras artificiosas en nombre de mitos y prejuicios que encubren turbios intereses e impiden la regeneración de la política democrática.

Ciudadanos, ¡Basta ya de ataques a la democracia!
Ciudadanos, ¡Viva la Constitución!

El velo.

Según el actual ministro de educación, el señor Gabilondo, cuando se le pregunta por el velo islámico en relación al caso de Najwa en Pozuelo, responde que debe prevalecer el derecho a la educación, un argumento que no me resulta convincente pues la medida que ha tomado el instituto de Pozuelo responde precisamente a una exigencia educativa, es decir, los alumnos que asisten a un centro deben saber que su indumentaria tiene que atenerse a lo que marca el reglamento. Es importante saber que el adolescente no puede entrar en clase con gorra de beisbol ni la chica con velo si las normas marcan otra cosa, puesto que en ese respeto a los códigos de conducta en lugares públicos-aunque no nos gusten-estriba una parte básica de nuestra convivencia. Por lo tanto, sería renunciar a educar, suspender la norma cuando alguien se empeña en contravenirla, tanto como saltarse una lección si los alumnos no quiere aprenderla: en tales casos sí que se viola el compromiso educativo.
Es raro que no esten de acuerdo con este planteamiento quienes defiende la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha de consistir en lecciones de este tipo, siempre razonadas. Pero aun más extraño resulta que los más pugnaces contra el hiyab sean precisamente quienes niegan al Estado de derecho a ''adoctrinar'' en ese campo de valores, porque lo suponen competencia exclusiva de los padres. ¿Acaso se refieren sólo a los padres no musulmanes? Si la religión familiar, por integrista que sea, debe prevalecer como ellos dicen sobre las pautas cívicas y laicas de comportamiento....¿por qué vocifean luego que es Najwa la que debe doblegarse al centro escolar y no el centro a Najwa y a su padre?
Esta visto que para la derecha española todas las religiones son malas excepto la católica, lo mismo que para la izquierda todos los falangistas son malos menos Samaranch.
En mi opinión, no se debería tomar el velo islámico tan en serio, otra cosa es el burka completo que si habría que prohibirlo. En nuestro país, el laicismo se ve mucho más conculcado por la oferta obligatoria de religión en la enseñanza pública o por el Concordato que por los pañuelos de las adolescentes. Basta de hipocresías.