España necesita las reformas estructurales

La necesidad de las medidas a largo plazo, de realizar reformas estructurales que transformen el modelo productivo español, resulta ineludible. No cabe pensar en una salida de la crisis volviendo sin más a la situación previa. El boom de la construcción ya había recorrido todo su camino, no es posible (ni sería deseable) volver a crecer sobre esas bases pues como las mismas causas producen los mismos efectos, volvería a llevarnos a un callejón sin salida. En cualquier caso, con un stock tan grande de viviendas construidas que no encuentran comprador, la construcción tardará algunos años en normalizarse. La rigidez a la baja que están mostrando los precios, al contrario que en los Estados Unidos, retrasará aún más la absorción del stock y la duración del ajuste.

Las reformas estructurales que necesita España habría sido más fácil emprenderlas en los años de prosperidad, cuando los recursos abundaban, cuando existía superávit en las cuentas públicas y el desempleo era pequeño. La primera legislatura de Zapatero fueron cuatro años no bien aprovechados en este terreno. Tal vez el retraso se explique porque son medidas que tardarán en actuar, que no se notaran en las siguientes elecciones. Una mejora del sistema educativo, por ejemplo, puede tardar unos veinte años en notarse, lo que tarda una generación en formarse. Pero habría que verlo exactamente al revés: precisamente porque tardan tanto en notarse, habría que darse mucha prisa en ponerlas en marcha. De ellas depende, y no de vacías promesas electorales, que España pueda algún día (no cercano) equipararse económicamente a un país como Francia. Muchas de las reformas no requieren un aumento del gasto público, sino cambios cualitativos, reorganizaciones institucionales o un mejor aprovechamiento de los recursos. Sólo me centraré en la más importante de todas que a mi juicio es la educación:
El crecimiento a largo plazo de una economía depende del aumento de la productividad, es decir, del incremento de lo que es capaz de producir con una determinada cantidad de recursos. A su vez, alcanzar una mayor productividad depende de la mejora del capital humano (es decir, de la formación de las personas) y de la innovación tecnológica (que permite descubrir mejores técnicas productivas o nuevos productos). En la base tanto de la formación de las personas como la posibilidad de innovar se encuentra el sistema educativo. Una educación de calidad resulta, por tanto, un prerrequisito fundamental para un modelo de crecimiento sostenible basado en la calidad. El trabajador bien formado es más fácilmente empleable y tiene más flexibilidad para adaptarse a trabajos en los nuevos sectores con futuro.
Desgraciadamente, la educación en España deja mucho que desear. El fracaso escolar y el abandono temprano afectan a aproximadamente un tercio de los estudiantes. Los sucesivos informes PISA de la OCDE colocan a España en los últimos lugares de los países industrializados en el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos. El discurso oficial simplemente niega la existencia de los problemas, como en tantos otros casos porque claro, es mejor decir que contamos con la generación mejor formada de la historia de España, o recitar los millones adicionales gastado en esto o lo otro, que reconocer las deficiencias y hacerlas frente. Desde luego, si se utilizan más recursos que nunca y los conocimientos adquiridos son peores, no parece un motivo de satisfacción.
Algunas deficiencias merecen destacarse: faltan plazas educativas para los niños menores de tres años. La Formación Profesional se minusvalora socialmente, lo que provoca escasez de mano de obra cualificada en algunas actividades. En inglés, la lengua universal de comunicación en la actualidad, sigue sin aprenderse con soltura, caso prácticamente único entre los países de nuestro entorno. La Universidad presenta problemas de endogamia y falta de movilidad en el profesorado, así como de desconexión con el sistema productivo. Todo el sistema educativo se enfrenta al reto de integrar al crecido número de inmigrantes que se ha incorporado a él en los últimos años.
Pero cada vez existe mayor conciencia social de que las deficiencias son más profundas, llegan a las actitudes y los valores. Una educación de calidad es imposible sin valores como la excelencia, el esfuerzo, la disciplina o el respeto a la figura del profesor. Recuperarlos no tiene por qué costar dinero y puede mejorar los resultados más que algún cachivache electrónico adicional. Desafortunadamente, en vez de rectificar se pretende solucionar el fracaso escolar rebajando aún más el nivel de exigencia.
Conviene recordad que la educación en España es una competencia que está en manos de las Comunidades Autónomas. Algunas de ellas parecen verla como un instrumento para aplicar políticas lingüísticas, difundir visiones peculiares de la historia y crear una conciencia de pertenencia a determinados grupos excluyentes. Resulta un sarcasmo que esas sean las prioridades ante la magnitud de los retos a los que debemos enfrentarnos.
Unas preguntas para la reflexión: ¿cuál será el efecto de los programas de inmersión lingüística en el rendimiento escolar de los niños castellanohablantes, que son al menos la mitad del total en las comunidades bilingües? En los debates constitucionales sobre esta asunto, los políticos nacionalistas señalaban el alto coste para los alumnos catalanes o vascoparlantes de haberse visto forzados a estudiar en castellano. ¿El problema no se planteará a la inversa? Si las Comunidades Autónomas no desempeñan bien esta función clave, ¿resulta tan impensable que la Administración Central recupere las competencias educativas, intentando garantizar la calidad y la igualdad entre los alumnos de las distintas Comunidades?